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Elecciones en Andalucía, la OTAN y el gasto en defensa: por qué 2026 puede ser el año más decisivo de España en décadas

El 17 de mayo se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía con el turismo y la vivienda como ejes centrales. La OTAN exige decisiones sobre defensa. La judicialización de la política escala. Y el Gobierno de coalición más izquierdista de la historia española navega la tormenta perfecta de la geopolítica, la corrupción judicial y la crisis habitacional. El panorama de un año de encrucijada.

Por Marta Ferrer··3 min de lectura·
Elecciones en Andalucía y el debate sobre defensa y OTAN

Elecciones en Andalucía y el debate sobre defensa y OTAN

Hay años que concentran más historia que otros. El 2026 tiene todos los ingredientes para ser, en el caso español, uno de esos años que se recuerdan en los libros de texto: la primera imputación de un expresidente, la mayor tensión diplomática con Estados Unidos desde la democracia, la crisis de vivienda más severa desde la burbuja inmobiliaria, el debate sobre el modelo turístico que divide a la sociedad, y elecciones autonómicas que actúan como termómetro del estado de ánimo de un país que está sometido a demasiadas tensiones simultáneas.

Las elecciones del 17 de mayo en Andalucía fueron las primeras con las polémicas de 2026 como telón de fondo. La comunidad con más turistas del país, la que debate más intensamente sobre los efectos del turismo masivo en la vivienda y la vida cotidiana, y la que ha sido escenario de algunos de los episodios más llamativos de la agenda política nacional. Los resultados y su interpretación marcarán el pulso político para los meses que quedan del año.

El debate sobre el gasto en defensa: ¿puede España pagarlo?

España destina actualmente alrededor del 1,3% de su PIB al gasto en defensa, lejos del objetivo del 2% acordado en la OTAN y aún más lejos del 5% que exige Trump. Alcanzar el 2% implicaría un aumento del gasto de varios miles de millones de euros anuales. Alcanzar el 5% requeriría un esfuerzo presupuestario que ningún país europeo, incluyendo los más ricos y los más comprometidos con la OTAN, está ni cerca de afrontar.

La posición del Gobierno es que España aumentará gradualmente su gasto en defensa hasta alcanzar el 2% en un plazo razonable, pero que el 5% de Trump es políticamente inviable y económicamente irresponsable en un país que sigue teniendo déficits estructurales que financiar. Dentro de la coalición de gobierno, Sumar mantiene una posición más crítica con el aumento del gasto militar, argumentando que los recursos deberían priorizarse para vivienda, sanidad y educación. La tensión entre los socios de gobierno sobre este punto es real y persistente.

España 2026 · El año de la encrucijada

  • 19 mayo: Zapatero imputado en la AN · primer expresidente español investigado
  • 17 mayo: elecciones en Andalucía · turismo y vivienda en el centro del debate
  • Gasto en defensa actual: ~1,3% PIB · objetivo OTAN: 2% · exigencia Trump: 5%
  • Causas judiciales contra el entorno del Gobierno: Begoña Gómez, caso Ábalos, caso Koldo, caso Plus Ultra
  • Crisis vivienda: 50 candidatos/piso · alquileres al 40% de ingresos
  • Tensión bilateral con EE.UU.: la mayor desde la restauración de la democracia

La judicialización y el desgaste

El fenómeno de la judicialización de la política española no es nuevo, pero en 2026 ha alcanzado una dimensión nueva con la imputación de Zapatero. El Gobierno y sus aliados denuncian una «lawfare» —una guerra jurídica— orquestada por jueces con sesgos políticos y apoyada por los medios afines a la oposición. La oposición y sus aliados argumentan que las causas judiciales son el resultado inevitable de conductas irregulares de personas en el entorno del poder.

Lo que resulta claro, independientemente de la valoración política que se haga de cada caso concreto, es que la acumulación de frentes judiciales —Begoña Gómez, Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, Plus Ultra y ahora Zapatero— está generando un desgaste político sostenido sobre el Gobierno que afecta a su capacidad de gestionar el resto de la agenda. La comunicación gubernamental está permanentemente en modo defensivo, respondiendo a las novedades judiciales en lugar de proyectar iniciativas propias.

Perspectiva de largo plazo: España enfrenta en 2026 tres desafíos estructurales que no tienen solución en un mandato: la crisis de vivienda —que requiere aumentar la oferta de forma masiva durante al menos una década—, el debate sobre el modelo turístico —que implica elegir entre crecimiento económico y calidad de vida de los residentes—, y el reposicionamiento en el nuevo orden geopolítico —que exige decidir qué tipo de aliado quiere ser España en un mundo más polarizado. Las polémicas del día a día son ruido sobre esas preguntas de fondo.

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