El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados contra objetivos iraníes en el inicio de lo que se conocería como la guerra de Irán. En las horas siguientes, la Casa Blanca contactó con sus aliados de la OTAN para solicitar apoyo. Algunos países europeos ofrecieron respaldo defensivo limitado. España fue la excepción más llamativa: el Gobierno de Pedro Sánchez negó formalmente a las fuerzas americanas el uso de las bases militares conjuntas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para operaciones ofensivas contra Irán.
La respuesta de Donald Trump fue inmediata y fue escalando en intensidad durante las semanas siguientes. El 3 de marzo, ante la prensa en el jardín de la Casa Blanca, el presidente americano anunció que podía «parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España» y que tenía derecho a declarar un embargo. «España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo», declaró Trump, estableciendo esa distinción característica entre el pueblo español y su gobierno. La tercera vez que Trump criticó públicamente a España desde el inicio del conflicto, fue aún más directo: «No están cooperando en absoluto. Lo están haciendo realmente mal».
La posición de Sánchez y su lógica
El Gobierno español tiene una postura coherente en términos de derecho internacional, aunque políticamente arriesgada. Sánchez calificó los ataques como «acción militar unilateral» fuera del marco del derecho internacional, señalando que España no puede prestar sus bases para operaciones que considera contrarias a ese derecho. El ministro de Exteriores José Manuel Albares rechazó las afirmaciones de la Casa Blanca de que había cooperación española, insistiendo en la «coherencia» de la política exterior española.
La posición española tiene respaldo constitucional: el artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la política exterior y de defensa. El Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, que regula el uso de Rota y Morón, establece que las bases son españolas y que España puede denegar su uso para operaciones que no cuenten con su aprobación. No existe mecanismo jurídico en el Tratado de la OTAN para expulsar o suspender a un miembro: la única salida es la voluntaria. Técnicamente, España está en su derecho.
España-OTAN-EE.UU. · Cronología del conflicto
- 28 feb. 2026: inicio de la guerra de Irán · España niega las bases para operaciones ofensivas
- 2 marzo: EE.UU. retira aviones cisterna de Rota y Morón a bases de otros aliados
- 3 marzo: Trump amenaza con cortar todo el comercio con España · Bessent confirma viabilidad legal del embargo
- 11 marzo: España retira a su embajador de Israel · Trump arremete de nuevo: «No cooperan en absoluto»
- Abril 2026: Pentágono filtra a Reuters que estudia «suspender» a España de la OTAN (sin mecanismo legal para hacerlo)
- Mayo 2026: España y EE.UU. renuevan el Convenio de Cooperación para la Defensa por un año más
La amenaza de la OTAN: simbólica pero poderosa
La filtración del Pentágono a la agencia Reuters sobre una posible «suspensión» de España de la OTAN fue el momento de mayor tensión de la crisis. La agencia americana de noticias accedió a un correo interno del Pentágono que recogía diversas opciones para «advertir» a los aliados europeos que se habían opuesto a la guerra de Irán. Entre esas opciones figuraban la suspensión de España de la Alianza Atlántica y una revisión de la posición americana sobre la soberanía de las Malvinas.
Juristas internacionales y expertos en derecho de la OTAN señalaron de forma casi unánime que la «suspensión» carece de base legal: el Tratado del Atlántico Norte no contempla ese mecanismo. Lo que sí puede hacer Estados Unidos es retirar sus fuerzas de las bases españolas —algo que implicaría no renovar el Convenio de Cooperación para la Defensa— y reducir su compromiso defensivo con España dentro de la Alianza. La renovación del Convenio en mayo de 2026 sugiere que, al menos por ahora, la relación bilateral sobrevive a la tensión, aunque en un estado de fragilidad sin precedente.
El gasto en defensa: el otro frente
Entrelazado con la crisis de las bases está el debate sobre el gasto español en defensa. España es el único país de la OTAN que no ha alcanzado el objetivo del 2% del PIB en gasto militar, y Trump exige a todos los aliados que lleguen al 5%, una cifra que ningún país europeo alcanza ni remotamente. Sánchez ha anunciado un plan para aumentar el gasto en defensa, pero la velocidad y la magnitud de ese aumento son objeto de debate interno en la coalición de gobierno, donde Sumar se opone a incrementos sustanciales del presupuesto militar.
Compartir este artículo
