Hay fechas que se graban en la memoria política de un país. El 19 de mayo de 2026 es una de ellas. Por primera vez desde la restauración de la democracia española en 1978, un expresidente del Gobierno ha sido formalmente imputado por un juez de la Audiencia Nacional. El nombre es José Luis Rodríguez Zapatero, presidente entre 2004 y 2011, y la causa es el caso Plus Ultra: una investigación que empezó como una polémica política menor sobre el rescate público de una pequeña aerolínea y que cinco años después ha derivado en una causa que habla de presunta organización criminal, tráfico de influencias, sociedades instrumentales en el extranjero y conexiones con Venezuela.
El juez José Luis Calama, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, sostiene en el auto de imputación que existen indicios de una «estructura organizada y estable» dedicada presuntamente a ejercer influencias políticas y mover fondos mediante una red de empresas y contactos institucionales. En esa estructura, según el juez, Zapatero ocuparía una posición central. El expresidente, por su parte, lo niega todo: ha declarado públicamente que no tiene sociedades fuera de España y que no hizo «ninguna gestión» relacionada con el rescate de Plus Ultra.
Qué es el caso Plus Ultra y cómo llegó hasta aquí
El origen del caso se remonta a 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra Líneas Aéreas, una pequeña compañía de bajo coste con rutas principalmente a América Latina. El rescate se realizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia para salvar empresas estratégicas. La concesión de esa ayuda a una aerolínea de perfil bajo, con vínculos documentados con Venezuela y una estructura accionarial opaca, generó controversia política desde el primer momento.
La investigación judicial posterior fue destapando capas sucesivas de complejidad. Según el auto de imputación, en mayo de 2020 los directivos de Plus Ultra escribieron al vicepresidente del Banco Santander «siguiendo instrucciones» de Zapatero para solicitar un crédito ICO. El expresidente habría actuado como intermediario entre los propietarios de la aerolínea y las instituciones financieras y políticas. La investigación también apunta a la existencia de sociedades en el extranjero vinculadas a los imputados que habrían servido para mover fondos.
Caso Plus Ultra — Cronología y cargos
- 2021: Gobierno Sánchez aprueba rescate de 53M€ a Plus Ultra mediante el FASEE
- Investigación inicial: polémica política sobre la idoneidad del rescate y los vínculos con Venezuela
- Auto de mayo 2026: juez Calama imputa a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo
- Cargos clave: Zapatero habría actuado de intermediario «siguiendo instrucciones» hacia el Banco Santander
- Posición de Zapatero: niega cualquier gestión y cualquier sociedad fuera de España
- Precedente histórico: primer expresidente español imputado por un juez
La reacción política: terremoto en todos los partidos
La reacción política fue inmediata y encendida. El PP solicitó la comparecencia urgente de Pedro Sánchez ante el Congreso y calificó la situación de «gravedad extrema», mientras su secretario general afirmó que «ninguno de los que rodean a Sánchez habría podido delinquir sin la participación del Gobierno». Vox pidió elecciones anticipadas y su líder Santiago Abascal consideró «necesaria» una moción de censura. El PP descartó presentarla de momento.
El PSOE, por su parte, cerró filas con el expresidente. La secretaria de Organización del partido trasladó el apoyo del partido a Zapatero y relacionó la imputación con «los avances que hizo durante sus dos legislaturas», que «la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado». Pedro Sánchez defendió públicamente a su predecesor. Sumar pidió «máxima prudencia» pero su portavoz apuntó a una paradoja difícil de ignorar: Zapatero es el primer expresidente español imputado «cuando no se ha imputado al antiguo jefe del Estado [Juan Carlos I] ni a Mariano Rajoy ni a otros expresidentes que habitualmente han realizado tareas de intermediación con grandes empresas, como Aznar o González».
El contexto del resto de causas pendientes
La imputación de Zapatero no llega sola. Llega en un contexto en el que el Gobierno de Sánchez acumula varios frentes judiciales abiertos simultáneamente. Begoña Gómez, esposa del presidente, es investigada desde 2024 por presunta apropiación ilegal de propiedad industrial y otros cargos. El exministro José Luis Ábalos afronta investigaciones por el caso Koldo. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, también enfrenta acusaciones. El caso Plus Ultra conecta todas estas investigaciones en una narrativa que la oposición está utilizando con eficacia para desgastar al Gobierno.
Es la primera vez en 48 años de democracia española que un expresidente es imputado formalmente. El dato histórico es tan significativo que ninguna valoración política, ni a favor ni en contra, debería hacerle sombra.
La imputación de Zapatero no significa condena. En el sistema judicial español, la imputación (o «investigado» en la terminología más reciente) es el paso que permite al juez tomar declaración al sospechoso y avanzar en la investigación. Entre la imputación y una eventual condena hay un proceso largo que puede durar años. Los abogados de Zapatero ya han anunciado que recurrirán el auto. La causa tendrá mucho recorrido judicial todavía. Pero el hecho político —el primer expresidente investigado en la democracia española— ya ha ocurrido y no puede deshacerse.
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